El Estatuto de Oposición


Con la sanción, el pasado lunes, por parte del Presidente de la República de la ley que establece los derechos, las garantías y las acciones a las organizaciones políticas que le declaren la oposición a los gobiernos nacional, departamental, municipal o distrital, el país tiene por fin -por lo menos en el papel- un estatuto que regule las relaciones entre las dos partes.


A partir de ahora y para poder tener o no derecho a la financiación, acceso a los medios y seguridad jurídica, política y personal que contempla el nuevo estatuto, los partidos y movimientos políticos debidamente reconocidos tendrán que declarar ante el Consejo Nacional Electoral, si son de gobierno, de oposición, o simplemente independientes, posición que solamente podrán cambiar una vez durante los cuatro años del período del respectivo Ejecutivo.


En desarrollo de esto los partidos que se declaren en oposición tendrán, entre otras cosas, derecho a un puesto en las mesas directivas de ambas cámaras, a un espacio de 30 minutos en televisión para exponer sus puntos de vista cada 20 de julio, luego que el Presidente pronuncie su discurso en la instalación del Congreso y a otro espacio de 20 minutos, tres veces al año, para replicar las alocuciones presidenciales, o responder tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por algún miembro del gobierno.

Adicionalmente los partidos políticos en oposición podrán elaborar el orden del día de tres sesiones en cada legislatura, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes; y tendrán un 5% más de financiación que el resto de las colectividades que tienen derecho a este apoyo económico del gobierno.


Por último, tendrán un espacio en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y habrá una procuraduría delegada para la oposición que se encargará de velar por que se cumplan los derechos y garantías que les ofrece la nueva norma a quienes, de acuerdo a la ley, se declaren en oposición al gobierno.


Aunque en el país no se puede decir que la oposición no ha contado con garantías y espacios para ejercer su derecho a contradecir al gobierno, para expresar sus ideas y convicciones, para defender sus opiniones y ha recibido trato igual en la financiación que ofrece parcialmente a todos los partidos y movimientos políticos reconocidas, nos parece que la norma aprobada es un avance importante en la búsqueda de garantizarle los derechos a los partidos de oposición.

Lo que sigue ahora es esperar que una norma que tuvo un tránsito tan difícil y demorado por el Congreso y que estuvo a punto de quedarse nuevamente en veremos, tenga en la práctica unos efectos que le sean útiles a la democracia, a las organizaciones partidistas y a la cultura política del país.

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