Una propuesta riesgosa


Por obvias razones la norma incluida dentro de la Reforma Política que estudia el Congreso y que permite a los congresistas intervenir directamente sobre el 20% del presupuesto de inversión que va a las regiones, ha causado no solo inquietud, sino rechazo en muy diversos sectores de opinión.


Para muchos no tiene sentido que mientras el Gobierno está pregonando a los cuatro vientos que durante el presente cuatrienio no habrá “mermelada” para el Congreso a cambio de la aprobación de sus iniciativas y que la lucha contra la corrupción no tendrá tregua, sea precisamente la Ministra del Interior la que esté promoviendo una norma que es la resurrección de los proscritos y de tan mala recordación, auxilios parlamentarios.


El Gobierno, a través de la funcionaria, ha defendido la norma diciendo que no es una nueva forma de “mermelada” en la que el ministro de turno negocia el voto con el respectivo parlamentario, sino una propuesta de inversión para una determinada comunidad que, previa la aprobación de Planeación Nacional, será debatida en plenaria y con el conocimiento de todo el congreso.

Y para reforzar su defensa, la ministra Gutiérrez ha dicho que esto es bien diferente a los auxilios parlamentarios, porque en este caso “nadie sabía qué clase de proyectos se les entregaban a los congresistas”, en cambio con la nueva disposición todo el mundo va a conocer cuántos recursos irán para la inversión regional.


Ahora, el Congreso no ha dicho absolutamente nada, pero es obvio que debe estar feliz, porque la reforma legaliza una práctica que hoy existe y que les garantiza a ellos no solo poder disponer de recursos para cumplir sus compromisos de campaña, sino para no pasar en blanco en su gestión parlamentaria. 


Mirado, así como lo plantea la ministra, no parecer ser malo que los congresistas, en cumplimiento de su responsabilidad con las regiones que los eligieron y de ayudar a atender las principales necesidades de estas, puedan proponer al Gobierno y defender ante el Congreso proyectos importantes de beneficio regional,

Sin embargo, el riesgo grande está, primero en que uno de los pactos no escritos pero que existen, sea que el Congreso se comprometa a aprobar sin miramientos lo que cada congresista presente, y segundo, en que cada proyecto lleve atado indisolublemente el contratista que lo va a ejecutar.


No se puede olvidar que una de las mayores fuentes de corrupción que ha habido es la resultante de un contrato que se entrega con la condición de que parte de su valor sea devuelto al contratante o a quien lo consiguió. Y en este caso, nada facilitaría más esta práctica corrupta que poder decir “yo incluyo la obra que me está pidiendo y que está aprobada por Planeación, dentro del cupo que tengo asignado, si quien la ejecute es fulano de tal”. 


No parece, pues, que la iniciativa que ha presentado el Centro Democrático esté libre de los riesgos de un ejercicio parlamentario lleno de vicios y de pésimas costumbres como el que tenemos, ni de ser el regreso a una práctica que le hizo inmenso daño a la democracia, al ejercicio de la política y a la imagen del Congreso.

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