Una sociedad enferma


En el país cada 22 minutos se registra un hecho de abuso sexual contra un menor de edad. Según Medicina Legal, durante los primeros once meses del 2018 las autoridades conocieron de 22.515 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, lo que significa unos 64 casos cada día.


Y si se comparan estos datos con los registrados durante el año 2017 y aún 2016, se aprecia fácilmente que lastimosamente este delito va en franco crecimiento. De acuerdo a la misma fuente, en el año anterior se conocieron 20.663 casos lo que significa un aumento del 8%, y en el 2016 el registro fue de 18.416 hechos lo que a su vez representa de año a año, un aumento de más del 12%.


Lo peor de todo es que estas estadísticas solo contemplan los casos registrados por las autoridades, pero no aquellos que, por muchas razones como el temor a las represalias, o el desconocimiento de a dónde recurrir, o porque los padres de las víctimas no les creen a sus hijos, o por pena de que se conozca el abuso, no llegan a conocimiento de ellas y que, según la experiencia, son la mayoría.

Según expertos e investigadores de este grave problema no solamente social, sino cultural y público, por cada caso de abuso sexual contra menores de edad que conocen las autoridades, hay de ocho a diez que no llegaron a conocimiento de los funcionarios o entidades encargadas de investigar este delito y proteger a los niños y adolescentes de esta clase de agresiones.


Ahora, más dramáticos todavía son los datos que dan cuenta de los niños y niñas entre cero y nueve años que son abusados y que para el 2018 ascendieron a 8782, aterradora cifra que equivale al 42%; y los que se refieren a la condición del agresor que en el 44% de los casos, es un miembro cercano de la familia de la víctima.


¿Cómo es capaz una persona de aprovecharse de su condición de padre, o de tío, o de pariente cercano que inspira confianza, para saciar sus más enfermizas pasiones y causarle el peor de los daños a quien precisamente está bajo su cuidado y responsabilidad? Está muy enferma nuestra sociedad y dejan mucho que desear las normas y mecanismos de protección del menor que tiene el país.

Es urgente, pues, hacer causa común entre autoridades, ciudadanos e instituciones encargadas de proteger la niñez y la adolescencia, contra un delito que crece a marchas agigantadas, que golpea física, sicológica y socialmente como ninguno a sus víctimas, y que no está recibiendo la atención que se merece de parte de las autoridades.

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