Cargas de profundidad, De Santuario a cárcel


Gabriel Alberto Toro Peláez

Siguiendo la ruta de violación y desprecio del orden jurídico que ha preferido tomar el gobierno dirigido por Juan Manuel Santos, quien más que presidente de los colombianos parece ser un cómplice o militante de las FARC, consiguió involucrar a la Jerarquía Eclesiástica,  para que preste una Sede Episcopal como cárcel del irredento Jesús Santrich, quien siguió delinquiendo a su amaño y aprovechándose del narcotráfico a ciencia y paciencia de las autoridades.


Como católico practicante, acojo el pensamiento de la mayoría de los cristianos que no se explican cómo un lugar consagrado a la religiosidad, se preste para dar cobijo y muy probablemente proteger, a quien no se ha arrepentido y como ateo ni siquiera respeta la religión, que la considera su enemiga.


Parece que este aberrante suceso, está orientado a torpedear la extradición de Santrich, quien habiendo perdido las garantías y ventajas  del mal llamado Acuerdo de Paz, por haber delinquido con posterioridad a diciembre del 2016, y de acuerdo con el mismo, debe sufrir las consecuencias de sus actos, sin dilaciones perversas como las que se generan en este caso, de parte de las autoridades competentes como son: Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y el mismo INPEC, que son los responsables de hacer justicia con el detenido, que ha sido solicitado por un Juez de los Estados Unidos,  aduciendo las pruebas correspondientes.


Este caso y otros muchos del actual gobierno que  han violentado el orden jurídico, nos obligan a considerar que la mejor opción presidencial que se nos presenta en el ámbito político, es la del candidato de la Gran Coalición Iván Duque, cuya carta fundamental para el futuro gobierno es el compromiso absoluto con la legalidad, el respeto a las Instituciones, el rescate de la moralidad, de las buenas costumbres y la transparencia de las ejecutorias gubernamentales, la reactivación de la economía, el emprendimiento, la generación de empleo, además de una Contratación Pública pulcra, el abandono de la mermelada y la independencia de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en armonía con las normas fundamentales del Estado y la defensa de los derechos del pueblo colombiano.

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