Funcionarios mentirosos


Rodrigo Ocampo Ossa

En el derecho positivo hay bastantes normas que se aproximan a la exigencia de actuar con veracidad, tanto para los particulares como para los funcionarios públicos. En el código penal están previstos como delito la omisión de activos, la falsa denuncia, la falsa auto imputación y el falso testimonio entre otros, pero ninguna prohíbe explícitamente mentir.

De hecho la jurisprudencia sostiene que la mentira que no afecta un bien jurídico es irrelevante, pues de no ser así las sociales o las llamadas “blancas” en las que todo el mundo incurre a diario para facilitar la convivencia serían el delito mas perturbador en la sociedad.

En la alta política se da por sentado que el engaño, la ocultación o la manipulación de la verdad son necesarios para gobernar y así ha sido a lo largo de la historia porque, aun cuando se niega rotundamente, el fin parece justificar los medios y cuando la cosa no funciona, se invoca la “razón de Estado” bajo la cual se han cometido tantos crímenes y subvertido tantos derechos individuales. El problema es que la mentira sobre lo público afecta profundamente la confianza de los ciudadanos y de esa manera se viola el articulo 2 de la constitución política que proclama como función primordial de las autoridades la protección de las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos.

Así cuando los funcionarios deliberadamente manipulan los hechos para producir algún efecto, traicionan el principio de la buena fe con el que deben actuar, no importa si lo hacen con buenas intenciones o sin la existencia regla que prohíba la mentira. Y bueno, también pueden incurrir en el delito de falsedad ideológica de documento publico, tipificado en el articulo 286 del código penal, cuando para lograr sus fines tergiversan los hechos. Entender estos limites podría ser un buen principio contra el abuso del poder y la corrupción.

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